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Redacción – 23/10/2007
El cardenal Cañizares, arzobispo de Toledo y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, se pronunció ayer sobre la polémica en torno a “Educación para la Ciudadanía” en una conferencia con motivo de la inauguración del curso 2007-2008 de la Fundación Universitaria Española en la que habló sobre “Educación para la ciudadanía: ¿un reto o un fracaso?” y dijo que es “un contrasentido que una asignatura que ha de servir para la convivencia esté contribuyendo a la confrontación”. “Algo se ha hecho mal en esta legislación”, añadió.
En su conferencia, diferenció entre la Ley Orgánica de Educación (LOE) y los Reales Decretos que regulan la citada asignatura. “Una cosa es la LOE -matizó-, que es aceptable, y otra los Reales Decretos, que no, porque vulneran los derechos básicos”. Según explicó, en torno a estos decretos se plantean cuestiones graves puesto que no han sido aprobados por el Parlamento sino que es competencia exclusiva del Gobierno.
Para el cardenal Cañizares, el carácter propio de los centros “está por encima de la ley” y lamentó que “no basta una carta para anular un Real Decreto”. De hecho, no es posible adaptar “Educación para la Ciudadanía” a los centros. “No hay otra salida que rectificar”, declaró puesto que “o se cumple la ley o se renuncia a las obligaciones como padres”. “Nunca es tarde”, apostilló y advirtió de que “la dictadura de las conciencias es el peor de los totalitarismos”
Muchos padres coaccionados
Además, reconoció que “las leyes hay que cumplirlas pero sin que sus exigencias sean inicuas”, es decir, los ciudadanos deben acatar las leyes justas, que no atenten contra su propia moral por lo que no se puede confundir a la opinión pública con que la objeción de conciencia es “desobedecer la ley” puesto que –según recordó- “es un medio legítimo”.
“Su derecho a objetar no puede ser destruido con amenazas administrativas”, lamentó. De hecho, puso de manifiesto que “hay miedo” y que muchos padres objetores “han sido coaccionados, intimidados por la rigidez de las posiciones oficiales o por la presión mediática”. Por ello, expresó: “Es preciso actuar, defender los Derechos Fundamentales, apoyar a los niños y a los padres”.
En cuanto a los contenidos de la materia, en los que “entran en juego muchas cosas de fondo “, afirmó que “nunca” se ha opuesto a una materia que ayude a los alumnos a entender los Derechos Humanos, los principios constitucionales, las instituciones, la organización del Estado o “la defensa de un verdadero humanismo”. Sin embargo, calificó de “falacia completa que se diga que en Europa se imparte ya”. “Es muy diferente”, apostilló.
Recordando que el Estado no puede ser educador moral de las conciencias, aunque “sí ha de educar”, y reiterando que el Gobierno ha traspasado sus propias competencias, manifestó que “se ha llevado a cabo una lesión grave que no es propia de un Estado de derecho” porque no se está respetando el derecho de los padres a elegir libremente la educación moral y religiosa que quieren para sus hijos. “No le corresponde ni debe imponer y tampoco dictaminar un concepto del hombre y de la persona”.
También, se refirió a la concepción laicista de la materia en la que Dios y la fe quedan desplazados al ámbito meramente privado y puso de relieve que no se ha contado con el 80 por ciento de los padres que quieren que sus hijos estudien la Religión católica. En este punto, cuestionó si es bueno para los alumnos que tengan dos concepciones de la vida contrapuestas. Por un lado, una teoría general del hombre y unos principios éticos impuestos para regir su conciencia moral, es decir, la visión antropológica del hombre, la identidad de género, el empirismo, el relativismo moral de “Educación para la Ciudadanía”… Por otro, la doctrina social de la Iglesia: el Bien, la Verdad, la Belleza… En este sentido, afirmó: “La fe no se impone, se propone”.
