Exige respeto hacia la realidad institucional, política y social de la Comunidad foral. El decreto se ha elaborado “a partir de la visión propia y específica de Euskal Herria”, en la que se incluye a Navarra
El Gobierno de Navarra ha dado instrucciones a sus servicios jurídicos para que propongan “las acciones jurídicas que procedan para defender el estatus político, institucional y social” de la Comunidad foral ante la “injerencia” e “intromisión” que, a juicio del Ejecutivo, supone para “la realidad y la identidad de Navarra” el decreto sobre Educación aprobado por el Gobierno vasco.
EL DECRETO VASCO
El Gobierno de Navarra ha dado instrucciones a sus servicios jurídicos para que propongan “las acciones jurídicas que procedan para defender el estatus político, institucional y social” de la Comunidad foral ante la “injerencia” e “intromisión” que, a juicio del Ejecutivo, supone para “la realidad y la identidad de Navarra” el decreto sobre Educación aprobado por el Gobierno vasco. Éste regula los aspectos fundamentales del currículo básico para el periodo de escolarización obligatoria.
Según recoge la exposición de motivos del decreto, éste se elabora “desde la voluntad de construir una visión global, plural y abierta a partir de la visión propia y específica de Euskal Herria, entendiendo por tal el ámbito territorial referido al conjunto de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Lapurdi, Navarra Baja y Alta y Zuberoa”.
El objetivo de la iniciativa del Gobierno foral es conseguir la retirada o la modificación del decreto aprobado por el gabinete de Juan José Ibarretxe, según explicó ayer el portavoz del Ejecutivo foral, Alberto Catalán. “Si, motu propio, los responsables de la Comunidad Autónoma Vasca proceden a la retirada o modificación del decreto, muchísimo mejor. Pero, si no es así, nos veremos en los tribunales”.
Estar a la altura
En este sentido, aclaró que una de las posibilidades que se ha planteado a los servicios jurídicos es la de presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra el citado decreto. En cualquier caso, serán los servicios jurídicos quienes orienten sobre qué acciones legales son las más convenientes. “Esperemos que la institución que debe representar a todos los vascos sepa estar a la altura de las circunstancias”, expresó Catalán.
La decisión de promover acciones legales contra el decreto del Gobierno vasco se adoptó ayer por acuerdo del Ejecutivo foral. Catalán explicó que, tanto el decreto aprobado, como los documentos que le han precedido en su elaboración, incluyen “motivos más que suficientes” como para que el Ejecutivo navarro haya tomado cartas en el asunto para “salvaguardar la realidad de Navarra”.
Lo que pide el Gobierno foral, concluyó su portavoz, es “respeto. Un respeto a lo que es la realidad educativa, institucional, política y social de esta comunidad. Un respeto a lo que somos, a lo que hemos sido y a lo que queremos seguir siendo”.
Catalán recordó que “no es la primera vez” en la que las instituciones navarras deben reaccionar ante “ataques” similares por parte del Gobierno vasco. “Con este tipo de decretos, se nota cuáles son las intenciones de los responsables de la Comunidad Autónoma Vasca”, comentó.
Recordó algunos contenciosos mantenidos entre “las instituciones navarras” y el Ejecutivo vasco, como el empleo en el escudo de la CAV de las cadenas propias del escudo de Navarra, asunto en el que el propio Tribunal Constitucional dio la razón al Gobierno navarro, indicó el consejero portavoz.
