ninio[ ABC ] M. ASENJO . OVIEDO/MADRID
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha suspendido cautelarmente la obligatoriedad de asistir a clase de Educación para la Ciudadanía ante el recurso contencioso administrativo de cinco familias —aunque ya se han presentado 40 iniciativas en este sentido— que se habían acogido a la objeción de conciencia frente a la asignatura que este curso ha comenzado a impartirse a los alumnos de 3º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de siete comunidades autónomas.
La decisión del tribunal autonómico fue confirmada ayer por un portavoz del Foro de la Familia, entidad promotora de los recursos. Esta es la primera comunidad en la que se produce una resolución judicial en este sentido.
Los mencionados padres recurrieron ante la Sala de lo Contencioso Administrativo administrativo del TSJA la resolución de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias que rechazaba la objeción de conciencia y obligaba a los alumnos a recibir las clases de esta nueva asignatura.
La medida ha quedado en suspenso, tal como pedían las familias, hasta que se resuelva el contencioso administrativo y el Tribunal dicte sentencia. En la resolución que ha motivado el recurso de las familias, la Consejería de Educación desestima la objeción de conciencia de la materia de «Educación para la ciudadanía» y «declara la obligación de que dichos alumnos cursen las asignaturas y asistan a las correspondientes clases». El Foro de la Familia se mostró prudente ante esta resolución judicial ya que se trata de una medida cautelar y apuntó la posibilidad de que más familias sigan el mismo camino y recurran.
«Entendemos —añadieron— que muchos padres a los que se les ha engañado desde la Consejería diciendo que no había objeciones de conciencia pueden ahora animarse a presentar recursos». En cuanto al tiempo que tardará el TSJA en dictar sentencia, el mencionado portavoz no aventuró fechas y se limitó a comentar que los recursos se han presentado por al vía preferente y sumaria de protección jurisdiccional de los Derechos Humanos. El Foro de la Familia cifra en más de 500 las objeciones de conciencia existentes en Asturias, mientras que el Gobierno autonómico las reduce a menos de una decena.
Negativa en Cataluña
Hace apenas una semana, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) rechazó la suspensión cautelar de los contenidos de la materia en esa comunidad a instancias de los padres de tres alumnos.
El TSJC denegó la petición de unos padres que alegaron objeción de conciencia para que sus tres hijos no cursaran la mencionada asignatura, por ser contraria a sus convicciones.
En un auto, la sala contencioso administrativa del TSJC recordaba también que la materia a la que objetan es obligatoria y, como tal, debe ser cursada por todos los alumnos en la ESO y en el tercer ciclo de la educación primaria.
Los padres invocaban su derecho constitucional a la objeción de conciencia, pero el TSJC sostiene en su auto que la Constitución Española no reconoce ese derecho para «negarse al cumplimiento o sometimiento de obligaciones y prestaciones», como sería el que sus hijos estuvieran exentos de cursar esas asignaturas.
Más allá del derecho a la objeción de conciencia, el auto judicial recuerda que sólo uno de los tres hijos de los recurrentes estaría en edad de cursar la asignatura de Educación para la Ciudadanía, ya que los otros dos cursan segundo de Bachillerato y quinto de Primaria, respectivamente.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rechazó en su día la suspensión cautelar de los contenidos de la materia establecidos por la Junta de Andalucía y basados en los mínimos que establece el Ministerio de Educación para todo el Estado. Desde que se anunció su creación y aparecieron los primeros borradores, Educación para la Ciudadanía ha provocado serias fricciones entre partidarios y detractores. Los primeros sostienen que es necesario una materia específica sobre valores. Los opositores entienden que sus contenidos invaden el ámbito de la conciencia personal y constituyen una intromisión en el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones. Entienden también que la asignatura es un instrumento de adoctrinamiento del Gobierno.
Disparidad de criterios
Una treintena de organizaciones, encabezadas por el Foro de la Familia, defienden la objeción de conciencia frente a la asignatura. Otros, como la FERE, consideran que hay que cumplir la ley y que la objeción carece de sentido en sus colegios, aunque la respetan. Abogan por el recurso a los tribunales y defienden que sus centros pueden adaptar los contenidos a su ideario. Para ello y como ayuda al profesor, han promovido una guía.