Los padres objetores han realizado un ejercicio de ciudadanía activa y responsable
Madrid, 6 de marzo de 2008.
La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, se ha reunido hoy con representantes de asociaciones y entidades promotoras de la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía (EPC) entre los que se encontraba Jaime Urcelay, presidente de PROFESIONALES POR LA ÉTICA. Al término de la reunión, Figar ha manifestado que la Comunidad de Madrid va a estimar las objeciones a EPC presentadas por los padres. Este reconocimiento implica que los hijos de padres objetores de la Comunidad de Madrid quedarán exentos de cursar la asignatura y no serán evaluados; además, los centros educativos gozarán de autonomía para organizarse sin discriminar a los alumnos cuyos padres hayan optado por la objeción frente a esta materia. En la Comunidad de Madrid, según datos de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, se han producido al menos 6 000 objeciones a EPC a pesar de que esta asignatura no será implantada en en esta Comunidad hasta el curso 2008-2009.Para Jaime Urcelay, el reconocimiento de la objeción por parte de la Comunidad de Madrid hace más libres a los padres y a los alumnos. “El protagonismo en esta batalla por la libertad de educación”, ha asegurado, “no es tanto de las asociaciones o las entidades que estamos promoviendo la objeción a EPC sino de los padres, familias normales y corrientes que se han movilizado por toda España a través de decenas de plataformas locales y autonómicas. Están realizando un ejercicio de ciudadanía responsable y activa”.Asimismo, Urcelay se ha mostrado muy satisfecho de la decisión de la Comunidad de Madrid. “Hasta ahora”, ha asegurado, “los políticos nos habían ignorado. Es la primera vez, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que un Gobierno autonómico se muestra sensible con las convicciones, derechos y libertades de los padres objetores. Ahora nos toca exigirles que cumplan. El presidente de PROFESIONALES POR LA ÉTICA ha manifestado que el siguiente paso será pedir al resto de las comunidades autónomas que estimen las objeciones de conciencia a EPC y eviten llegar a los tribunales. Finalmente, Urcelay ha calificado de “poco respetuosas con la independencia del Poder Judicial” las críticas de autoridades autonómicas (como Manuel Cháves) y estatales (como Mª Teresa Fernández de la Vega) a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que reconoce el derecho a la objeción de los padres.
