Pamplona, 7 de mayo de 2008.- Así se expresaba ayer Isabel Bazo, Presidenta de la Confederación Española de Centros de Enseñanza y miembro del Consejo Escolar del Estado, en la conferencia organizada ayer por Navarra Educa en Libertad.
Con la presencia de los directores de varios de los centros educativos de Navarra que forman parte de CECE, tuvo lugar ayer en el hotel Iruña Park de Pamplona la conferencia de Isabel Bazo dentro del ciclo de conferencias organizadas por Navarra Educa en Libertad bajo el lema “Educar en libertad” y que en ésta ocasión llevaba por título “Educación para la Ciudadanía, ¿un caballo de Troya?”.
La Presidenta de CECE se mostró partidaria del ejercicio de la objeción de conciencia a la EpC y animó a los padres a buscar información sobre la materia, a través de Plataformas como NEL. Recordó que los centros educativos “tienen que respetar la libertad de conciencia de los padres” y, por tanto, están obligados a enviar a la Administración las objeciones que recojan, aunque recomendó a los padres presentar la objeción a través de plataformas o directamente ante la Administración autonómica correspondiente y entregar posteriormente una copia al colegio, evitando así posibles obstáculos por parte de los centros.
Destacó que el eje básico de ésta asignatura –a la que se opuso la mayoría del Consejo Escolar del Estado- es considerar que “todo lo que es legal es moral” y señaló la existencia de unos contenidos que lesionan el derecho de los padres a decidir cómo quieren educar a sus hijos.
Otro aspecto destacado de su intervención estuvo dedicado a la adaptación de los contenidos al ideario del centro educativo –calificado recientemente por el Consejero de educación de Gobierno de Navarra, Carlos Pérez Nievas como un acto de hacer “la vista gorda” por parte de las autoridades educativas-. En este sentido, Bazo señaló que “si la Educación para la Ciudadanía fuera tan buena no sería necesaria la adaptación a los idearios de los centros”. Asimismo, recordó que la legislación vigente establece la obligatoriedad de los centros educativos a “completar, concretar y desarrollar” el currículo a partir del propuesto por la administración, pero que no habla en ningún caso de adaptarlo. En la misma línea, se refirió a la reciente sentencia del TSJA favorable a los objetores –que, a su juicio, será tenida en cuenta por muchos jueces- en la que se recoge lo que advirtió en su día el Consejo de Estado: que en el desarrollo de la EpC se podían vulnerar los derechos fundamentales. Dicha sentencia pone de manifiesto la imposibilidad de adaptación de los contenidos al ideario de un centro católico.
Bazo calificó la Ley Orgánica de Educación (LOE) como “la peor ley educativa de la democracia” y recalcó que la EpC “es la punta del iceberg de algo que se ha ido formando durante muchos años” a través de leyes promovidas por gobiernos socialistas –y no sólo en el ámbito educativo- que persiguen que la conciencia no se forme dentro de la familia sino que la forme el Parlamento. En ésta misma línea afirmó que “la nueva cultura y la nueva religión se llama progresismo”.
Ya en el turno de preguntas, se le interrogó acerca de posibles actuación de los servicios de inspección educativos en las distintas comunidades autónomas a lo que respondió que no tenía constancia de una intervención directa de las autoridades educativas en ese sentido pero sí que en Cataluña se estaba intensificando la inspección en riesgos laborales o por motivos lingüísticos para aquellos centros que amparan la objeción de conciencia a EpC.
