Si bien las sentencias publicadas hoy rechazan la posibilidad de presentar objeción de conciencia a una asignatura establecida por el currículo oficial, entran en el fondo de la cuestión estableciendo los límites del Estado a la hora de determinar los contenidos de las asignaturas a fin de evitar el conflicto con el derecho de los padres a elegir la formación moral de sus hijos.
En este sentido, el alto tribunal establece que “(…) Es preciso insistir en un extremo de indudable importancia: el hecho de que la materia Educación para la Ciudadanía sea ajustada a derecho y que el deber jurídico de cursarla sea válido no autoriza a la Administración educativa -ni tampoco a los centros docentes, ni a los concretos profesores- a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas.”.
Así, “Las materias que el Estado, en su irrenunciable función de programación de la enseñanza, califica como obligatorias no deben ser pretexto para tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas que -independientemente de que estén mejor o peor argumentadas- reflejan tomas de posición sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad española.”
En una sociedad democrática, agrega la sentencia, “no debe ser la Administración educativa -ni tampoco los centros docentes, ni los concretos profesores- quien se erija en árbitro de las cuestiones morales controvertidas“.
A la espera de un estudio pormenorizado de las sentencias hoy publicadas, desde Navarra Educa en Libertad queremos manifestar:
1.- Nuestra satisfacción por el reconocimiento de unos límites a las administraciones públicas que respeten los derechos de los padres a decidir la formación moral de sus hijos.
2.- Nuestra felicitación a los padres objetores y cuantos han contribuído a que se reconozcan los derechos y libertades de los padres en materia educativa.
3.- Nuestro compromiso de proseguir en la lucha por la libertad de educación y la modificación de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía hasta que se eliminen de ellas los contenidos controvertidos que exceden del ordenamiento constitucional y la neutralidad ideológica.
